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Nuestra Concepción de la Política

Afirmamos que la vida social,   económica y política son guiadas por la concepción que se tiene de los seres humanos.

Afirmamos que los seres humanos son criaturas creadas como personas dotadas de cuerpo y alma,   con conciencia, inteligencia, voluntad y sentimientos, y con un destino trascendente. Que tanto en su origen como sus características radica su dignidad inalienable, y que para su realización existencial son necesarios el cumplimiento de deberes y el respeto de sus derechos, no otorgados ni por consensos o leyes, sino emanados de su naturaleza. El Estado debe reconocer los derechos naturales de las personas y trabajar por armonizarlos entre sí.

Las personas humanas, hombres y mujeres, son sociables por naturaleza y se reúnen en sociedades crecientemente complejas, a partir de la familia, para hacer posible su desarrollo material y espiritual. La vida social no tiene su origen en un pacto, aunque la convivencia armoniosa y fecunda de la misma requiere de acuerdos de diverso tipo, entre los que se encuentran los ordenamientos jurídicos, que están al servicio de la persona y de la sociedad misma, y cuyo contenido no puede ser definido arbitrariamente, sino como un instrumento de realización de la justicia.

La vida social se desenvuelve naturalmente a partir de la familia, reconocida como célula básica de la sociedad, de cuyo desenvolvimiento normal depende la salud del resto de la sociedad y, por ende, del Estado. En las familias debe materializarse una convivencia social donde se respete la igual dignidad del hombre, la mujer y los hijos. Son los padres los titulares del derecho a la educación de la prole, de acuerdo a sus convicciones y principios. El matrimonio tiene como finalidad la realización de sus integrantes a partir del amor mutuo, la procreación y educación de los hijos y la realización de sus miembros. La vida social, económica y política debe estar al servicio de las familias.

Las familias tienen capacidades limitadas para disponer de todos los bienes necesarios para la realización plena de los hombres, por ello se reúnen entre sí en comunidades de diverso tamaño, dando origen a unidades políticas como el municipio, la región y el Estado, donde se establece una interacción solidaria y subsidiaria, en busca de un fin común, concebido, también, como un bien común. Es así como surge la vida política cuya razón de ser es el bien común y de cuya realización son corresponsables la autoridad y los gobernados, independientemente de las formas políticas que se adopten. Sin embargo, hoy existe clara conciencia de que la democracia, concebida como sistema que asegura el respeto de los derechos de las personas y su participación en la realización de la sociedad es el sistema más adecuado.

La participación política de las personas no está limitada a un momento o un proceso. Aún en la democracia representativa el hombre no renuncia ni cede sus derechos fundamentales. Por ello es necesaria la democracia participativa, que se realiza en sociedades intermedia de distinta naturaleza. Allí se materializan acciones concretas de beneficio particular y social que contribuyen a la realización del bien común de la sociedad. Por ello es necesario alentarlas, organizarlas e invitar a todos a participar en algunas de ellas.

También son limitadas las posibilidades de las familias para lograr autónomamente una mejor satisfacción de sus necesidades materiales, de los cual surge la necesidad natural de que algunos miembros de las mismas se organicen en actividades productivas mediante el trabajo, la aplicación de métodos, sistemas y técnicas que generan bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las personas. El hombre es principio y fin de la economía, por lo tanto ésta está a su servicio y no al revés. En las relaciones económicas privan también los principios de solidaridad, subsidiariedad y justicia.

El hombre tiene derecho de apropiarse de los frutos de su trabajo, por lo que existe el derecho a la propiedad privada de los bienes, como un derecho universal del que no debe ser excluido nadie. En cualquier caso, sobre el uso de la propiedad se manifiesta una responsabilidad de orientarla, en la medida de lo posible, al servicio del trabajo y la producción en beneficio de los integrantes de la sociedad. En las relaciones de trabajo y del intercambio económico deben prevalecer la solidaridad, la subsidiaridad y la justicia. Las leyes que se emitan al respecto deben ser respetuosas de los derechos de todos y armonizarlos entre sí.

Como ser espiritual que es, dotado de inteligencia y libertad, la persona se realiza más allá del ámbito material mediante la satisfacción de sus necesidades físicas o patrimoniales. Es en la cultura, como fruto del espíritu, que los hombres llegamos a un desarrollo más elevado de beneficio personal y social, pues mediante la educación y el derecho a la información, intercambiamos conocimientos, investigamos acerca de la naturaleza de las cosas, inventamos y descubrimos las riquezas del mundo material y espiritual, y disfrutamos de la belleza de las cosas, propiciando una vida buena y virtuosa. Por ello la libertad de enseñanza y la coordinación entre los padres, los maestros y el estado en la tarea educativa, son necesarios. Aquí nuevamente la norma de la relación es la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia.

Por su inteligencia y mediante el razonamiento, los hombres somos capaces de conocer el bien, la verdad y la belleza. Esto nos permite conocer los valores, no solo materiales, sino espirituales. Son éstos unos principios universales a los que debemos aspirar todos, convirtiéndolos en virtudes humanas y sociales.

Como ya hemos señalado, como criaturas creadas por Dios, nuestro destino trascendente está en él. Por ello desde todos los tiempos los hombres tenemos sentido de lo religioso, como una relación entre la criatura y su creador. Por ello, la vida social reclama de la libertad religiosa como un derecho fundante de los demás, ya que al afectarlo o limitarlo se atenta contra el principio de la dignidad humana. Ello significa que no se puede impedir ni imponer ninguna creencia religiosa que sea acorde a la dignidad de la persona.

Para que estos principios sean realizables, se requiere la generación y organización de un conjunto de condiciones sociales que propicien y permitan la realización de toda la persona, de todas las personas y de los cuerpos intermedios de la sociedad. Esto es lo que reconocemos y denominamos como Bien Común, cuyo promotor es el Estado, pero cuya realización es responsabilidad de todos.

Por ello, entre los hombres, las organizaciones sociales y el Estado existe un vínculo real, generador del sujeto social, que establece una responsabilidad recíproca entre todos para trabajar por ese Bien Común. Este vínculo es la solidaridad, que es un mero intercambio de intereses egoístas, sino que se enriquece y cristaliza en el “amor social” que sublima los actos humanos en la convivencia. Este “amor social”  permite que la actuación de los hombres vaya más allá de la justicia, que aunque siempre es necesaria, permite superarla.

Por su parte, la dignidad y autonomía de la persona, que es capaz de conocer, decidir y conducirse libremente, exige que su actuación se amplíe lo más posible para su bien y el de los demás, tanto en forma individual como organizada, por lo que es su deber actuar tanto como le sea posible y que los demás y la familia, la sociedad o el Estado, lo complementen y auxilien sólo en aquello que sea necesario, de tal suerte que cada persona, cuerpo social y Estado, sean sujetos de su propio desarrollo. Esto es la subsidiaridad.

Fruto de una acción política, económica y social, estamos convencidos, surgirá la tan deseada paz social, que no es otra cosa que la tranquilidad en el orden.

 

 

 

 

 

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